El informe del CONEA está considerado como político y varios asambleístas no estamos de acuerdo, al menos en el caso de Indoamérica porque el estudio señala que la Universidad no tiene aulas, infraestructura física, laboratorios y espacios que, las personas que conocen las instalaciones de Ambato y Quito, se darán cuenta que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación lo evaluó de manera injusta y con parámetros anti técnicos, expresó Bethy Carrillo, en la reunión del lunes 30 de noviembre del 2009 con las autoridades, docentes y estudiantes de la institución.
“Por tanto los asambleístas de Tungurahua y en modo especial la mayoría de asambleístas del movimiento PAIS rechazamos el informe del CONEA que ha sido sacado de contexto. Cómo es posible que centros de educación superior a distancia tengan calificación “A” y universidades de educación presencial y debidamente establecidas calificación “E”… consideren sólo eso señores estudiantes y ciudadanos de la región central del país…” expresó Carrillo.
Saúl Lara, Rector de Indoamérica
Recordó que en la reunión de la semana anterior, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional determinó que el informe del CONEA no es acusatorio ni vinculante y tampoco se eliminará ninguna universidad del país. Aminta Buenaño ha puntualizado que dicho documento sólo sería “un referente y un diagnóstico que servirá para corregir posibles falencias”.
La asambleísta Bethy Carrillo reiteró su compromiso de defensa a la Universidad Indoamérica a sus diez mil estudiantes "porque estamos conscientes que el informe del CONEA de forma lamentable no se acerca a la realidad de esta institución; peor que por asuntos políticos se trate de acallar o cerrar universidades de excelencia”, acotó, al tiempo de pedir tranquilidad y confianza a los estudiantes.
El presidente de la FEUE - Filial Ambato (foto izq) que también estuvo entre los estidiantes de la institución, dijo que la intención del informe técnico - político del CONEA tiene la intención de dividir a la universidad ecuatoriana privada y pública, para facilitar el tratamiento de la Ley de Educación Superior que afecta la autonomía de la educación superior del país.